Segunda República (1931-1939)
Embajada de España
Segunda República (1931-1939)
Primer bienio, "social-azañista", reformista o transformador
Se instauró un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora formado por republicanos de distintas ideologías, incluyendo a socialistas. El 28 de junio de 1931, las elecciones a Cortes constituyentes dieron lugar a una cámara en la que los partidos republicanos de izquierda, junto con el PSOE, impusieron una orientación laicista y avanzada socialmente, lo que produjo la dimisión de Alcalá Zamora y la formación de un nuevo gobierno presidido por Manuel Azaña (14 de octubre de 1931). Se procuró mantener el equilibrio institucional nombrando a Alcalá Zamora Presidente de la República (10 de diciembre del mismo año).
La Constitución de 1931 reconoció un amplio conjunto de derechos políticos y sociales, como el sufragio femenino, la institución de jurados mixtos de patronos y obreros en paridad para la resolución de los conflictos laborales. Al subordinar la propiedad privada al interés de la economía nacional se respondía a la necesidad de una reforma agraria (sustanciada en la Ley de 9 de septiembre de 1932) que preveía la expropiación con indemnización de las fincas que se consideraran no explotadas con suficiente rentabilidad social (como la mayor parte de los latifundios del Sur de España), en beneficio de los jornaleros sin tierras. La total separación Iglesia-Estado se expresó en una completa libertad religiosa, en la supresión del presupuesto de culto y clero (concesión a la Iglesia católica desde el Concordato de 1851, que remediaba mediante el pago de salarios a obispos y sacerdotes la privación de recursos a causa de la desamortización), en la prohibición de la enseñanza reglada a las órdenes religiosas y en la supresión de la Compañía de Jesús (basándose en su voto de especial obediencia al Papa). El nuevo diseño institucional hacía recaer el poder ejecutivo en un Presidente de la República que nombraba al presidente de un gobierno responsable ante un legislativo unicameral. La nueva estructura territorial reconocía el derecho a la autonomía dentro de un denominado Estado integral, lo que resultó en la constitución de la Generalitat de Catalunya (Generalidad de Cataluña, 2 de agosto). Se abolían las jurisdicciones especiales (como la militar, que se ejercía sobre civiles desde 1906), se extendía el jurado y se preveía la formación de un Tribunal de Garantías Constitucionales.
La reforma del ejército, institución descompensada por la gran cantidad de oficiales, implicó el cierre de la Academia General de Zaragoza. El descontento militar, al que se sumó el de la Guardia Civil, llevó al general Sanjurjo a dar el fallido golpe de estado de 1932, de carácter monárquico y que también aducía como causa la deriva anticlerical de la República, ejemplificada en la quema de conventos. Desde el otro extremo del espectro político, los dirigentes anarquistas de la CNT y la FAI impusieron la táctica de presión permanente mediante huelgas y otras movilizaciones, especialmente violentas en el campo. Se sucedieron graves enfrentamientos como los sucesos de Gilena, de Castilblanco, de Arnedo y de Casas Viejas;72 cuya gestión minaría al gobierno social-azañista hasta el punto de obligar a la disolución de la cámara y la convocatoria de las elecciones de noviembre de 1933, en las que los anarquistas manifestaron su indiferencia ante el régimen republicano mediante la abstención. También se había argumentado (debate Victoria Kent y Clara Campoamor) que el ejercicio por primera vez del sufragio femenino daría a la derecha el voto de muchas mujeres, influidas de forma determinante por la opinión expresada por los sacerdotes desde el púlpito y el confesionario. Los partidos que más escaños obtuvieron fueron el bloque de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de José María Gil-Robles y el Partido Radical de Alejandro Lerroux (muy alejado del radicalismo que le caracterizó a comienzos de siglo), que llegaron a un acuerdo de gobierno.
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