Restauración borbónica (1875-1931)

Restauración borbónica (1875-1931)

Reinado de Alfonso XII (1875-1885) y regencia de María Cristina (1885-1902)

Con la restauración borbónica, el nuevo rey confirmó en el poder a Cánovas, que convocó elecciones en enero del año siguiente con el sistema previsto en la Constitución de 1869 (sufragio universal), que le proporcionaron una abrumadora mayoría de monárquicos conservadores afines a su gobierno. La redacción de la Constitución española de 1876 fue encargada a una comisión de notables elegida por el mismo Cánovas y presidida por Manuel Alonso Martínez, que se presentó a las Cortes y fue aprobada sin grandes cambios el 30 de junio. Se optó por no precisar el sistema electoral (con lo que las siguientes elecciones se harían por sufragio censitario hasta 1890). La soberanía se compartía entre Rey y Cortes, en un sistema parlamentario bicameral que dejaba al poder ejecutivo el ejercicio de un poder muy amplio. El reconocimiento de las libertades públicas quedaba matizado. Se definía la confesionalidad católica del estado y la tolerancia hacia otras religiones.

Para la estabilidad del sistema político, Cánovas, que organizó en su torno el Partido Liberal-Conservador, era consciente de la necesidad de contar con una oposición dinástica, es decir, fiel a la monarquía parlamentaria alfonsina. En 1879 Sagasta, apoyado por Emilio Castelar, creó el Partido Liberal-Fusionista que integraba a progresistas y demócratas desencantados con el republicanismo. A partir del pacto de El Pardo (24 de noviembre 1885, ante la posibilidad de que estallara una crisis política a la muerte de Alfonso XII) el acuerdo entre Cánovas y Sagasta estableció un turnismo casi automático para que ambos partidos se sucedieran en el poder, lo que implicaba que los conservadores debían aceptar que los liberales recuperaran paulatinamente las conquistas políticas del sexenio (libertad de prensa, derecho de asociación o el sufragio universal). El control de las elecciones a través del ministerio de Gobernación (encasillado de los candidatos) se convirtió en el punto clave del un sistema que en su base se apoyaba en el denominado caciquismo: el predominio local de personalidades de gran prestigio social y posición económica, a partir de los cuales se establecían redes clientelares y se manipulaban los resultados (pucherazo).

A pesar de la estabilidad característica del sistema canovista, no dejó de haber disensiones dentro de los partidos dinásticos, protagonizadas por personalidades como Francisco Silvela (muy crítico con el caciquismo, lo que no le impidió ser ministro de Gobernación), Francisco Romero Robledo o Raimundo Fernández Villaverde en el partido conservador y Segismundo Moret o Eugenio Montero Ríos en el liberal.

Los partidos no dinásticos quedaban en la práctica fuera de toda posibilidad de alcanzar el poder, aunque a finales de siglo comenzaron a obtener alguna representación en circunscripciones urbanas, más difíciles de manipular. Eso fue lo que permitió al naciente movimiento catalanista (en torno a Enric Prat de la Riba -Unió Catalanista, 1891, Bases de Manresa, 1892-) llegar al parlamento (Lliga Regionalista, 1901); mientras que el Partido Nacionalista Vasco de Sabino Arana, mucho más radical, tardó varios años más.

El movimiento obrero se reorganizó con la creación de partidos y sindicatos de ideología marxista (PSOE -1879- y UGT -1888-, bajo el liderazgo de Pablo Iglesias, que optó por la participación electoral, con mayor implantación en Madrid y el País Vasco) o anarquista (Federación de Trabajadores de la Región Española -1881- que optaron por la no intervención en el sistema político, con mayor implantación en Cataluña y Andalucía). Una confusa red de grupos e individualidades anarquistas desarrollaron prácticas de la denominada acción directa, que incluían, junto a medidas pacíficas, otras violentas (propaganda por el hecho) con atentados terroristas en algunos casos muy espectaculares (bomba del Liceo de Barcelona -1893-, asesinato de Cánovas -1897-), y en otros casos manipulados por las propias autoridades (La Mano Negra, 1882-1884).

La denominada cuestión universitaria fue el principal conflicto de la vida intelectual y uno de los asuntos políticos más definitorios del nuevo sistema: la Circular de Orovio de 1875 (por el marqués de Orovio, ministro de Fomento) limitó de forma sustancial la libertad de cátedra al obligar a mantener las enseñanzas en términos que no afectaran al catolicismo y la monarquía. Un buen número de catedráticos universitarios, identificados como krausistas (Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Teodoro Sainz Rueda, Nicolás Salmerón, Augusto González Linares) fueron expulsados de la universidad y un grupo de ellos se reunió para continuar la docencia fuera de la universidad, en la Institución Libre de Enseñanza, que inició una renovación pedagógica de gran trascendencia.

Un decidido esfuerzo militar, dirigido por Martínez Campos, acabó con la resistencia carlista, lo que se aprovechó para abolir el sistema foral de las tres provincias vascas (1876). La supervivencia de los fueros navarros se vio cuestionada más tarde, en 1893, pero una movilización popular frenó tales pretensiones (gamazada). El conflicto de Cuba se recondujo, tras la llegada a la isla del propio Martínez Campos, hacia la negociación por la Paz de Zanjón (1878). La promesa de autogobierno y de aplicación la ley antiesclavista de Moret (retrasada hasta 1886) no se sustanció en reformas suficientes para evitar la insatisfacción de los independentistas cubanos y la frustración de las expectativas de los autonomistas, lo que, veinte años más tarde terminó por llevar a una nueva guerra, esta vez con la decisiva intervención de los Estados Unidos, el denominado desastre del 98; cuyas consecuencias internas, más allá del fin de la mayor parte del imperio colonial, fueron decisivas intelectual y políticamente (regeneracionismo, generación del 98), abriendo la denominada crisis de la restauración.