Gobiernos de Adolfo Suárez (1976-1981)

Ante la sorpresa de franquistas y opositores, que no se esperaban tal nombramiento, inicia un rápido desmontaje del edificio insititucional franquista, que implicaba el denominado harakiri de las Cortes y la convocatoria de un referéndum para la aprobación de la Ley para la Reforma Política. El debate entre reforma y ruptura preside los movimientos políticos de grupos de todo el espectro político, desde los partidarios del mantenimiento del franquismo puro (el bunker) hasta los partidarios de la recuperación de la legitimidad republicana sin ningún tipo de concesiones; no obstante, fueron los grupos que demostraron mayor flexibilidad y moderación los que demostraron tener mayor apoyo social y capacidad política.89

El problema del terrorismo se recrudecía; tanto el procedente de la oposición al franquismo (ETA -de ideología marxista-leninista y nacionalista vasca-, y los GRAPO -de ideología maoísta-) como el de extrema derecha, cuya práctica simultánea parecía obedecer a la denominada espiral acción-represión prevista por la teoría de los movimientos insurreccionales, de amplia difusión en la época, con el objetivo de provocar la involución política, en forma de un golpe de estado militar. Especialmente violento fue el mes de enero de 1977, cuando coincidieron altercados callejeros entre manifestantes y contramanifestantes (con varios muertos) con secuestros de militares y altos cargos, asesinatos de policías y de abogados laboralistas (matanza de Atocha). Tras la manifestación de duelo, controlada por el Partido Comunista de España, en el entierro de los abogados, se incrementa el prestigio de Santiago Carrillo como interlocutor necesario para el gobierno. Tras unos meses de negociaciones clandestinas, en plenas vacaciones de Semana Santa se produce la legalización del PCE, lo que es visto como una traición por una parte importante del ejército, que a pesar de ello mantuvo mayoritariamente la disciplina (en buena parte como resultado del esfuerzo del vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado). Como contrapartida exigida por Suárez, Carrillo, en una multitudinaria rueda de prensa, comunicó que su partido renunciaba a la bandera republicana y aceptaba la monarquía parlamentaria y el concepto de unidad de España; se pretendía que los militares aceptaran que un partido homologado con los partidos comunistas de Europa Occidental (con los que había construido el concepto de eurocomunismo) no iba a implicarse en una aventura revolucionaria de carácter leninista en pos de la dictadura del proletariado y no representaría una amenaza a la que hubiera que responder violentamente.

Seguidamente se convocaron las elecciones generales de 1977, las primeras elecciones libres en cuarenta y dos años, que fueron ganadas por Unión de Centro Democrático, un partido improvisado en torno a la figura de Suárez, que dispuso de una cómoda mayoría relativa. Contra los pronósticos más extendidos, el principal partido de la oposición no fue el PCE, sino el PSOE, un partido socialdemócrata apoyado por la Internacional Socialista (y que posteriormente renunció al marxismo). La extrema derecha no obtuvo representación, reduciéndose el campo del franquismo al modesto resultado de la Alianza Popular de Manuel Fraga Iribarne, considerado el más aperturista dentro del régimen anterior. Ningún éxito tuvieron los líderes democristianos o liberales que meses antes parecían predestinados a ocupar el gobierno (José María de Areilza o Joaquín Ruiz-Giménez), eclipsados hábilmente por las maniobras de Suárez previas a las elecciones, y que contaban con el apoyo del equipo de confianza política formado en torno al rey.

En 1977 se firmaron, por la gran mayoría de los partidos con representación parlamentaria, los pactos de la Moncloa donde se acordaron reformas sociales y económicas para combatir la crisis, que estaba afectando de forma grave al empleo y la inflación, y que asentaron el modelo de economía social de mercado que sancionó la Constiución. Mediante consenso se redactó la Constitución de 1978 que sería aprobada ese mismo año en referéndum. España se definía como un Estado social y democrático de Derecho, con vocación de homologarse con el Estado del bienestar en su versión europea occidental; y reconocía el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, un concepto de suficiente ambigüedad como para permitir no frustrar el acuerdo de una amplísima mayoría política, social y territorial. La transición española se propuso internacionalmente como un modelo a seguir, que implicaba un amplio consenso, la garantía de las libertades públicas, la moderación en las reivindicaciones sociales, la renuncia a la satisfación de agravios del pasado y una generosa amnistía (que en ese momento se planteó como garantía de la vuelta de los exiliados, y posteriormente serviría para garantizar la no persecución de los crímenes atribuibles a la represión del franquismo).

Las elecciones de 1979 incrementaron el número de diputados de UCD, sin llegar a la mayoría absoluta, permitiendo la confirmación de Adolfo Suárez en la presidencia del gobierno. La normalización del sistema político implicaba continuar con el iniciado proceso preautonómico, que se sustanció en la aprobación de los estatutos de autonomía de las regiones a las que la Constitución reconocía, por razones que denominaba históricas (haber dispuesto de autonomía en la Segunda República o haber iniciado los trámites para ello), un procedimiento privativo para alcanzar el máximo techo competencial: Cataluña y Euskadi (ambos aprobados el 18 de diciembre de 1979), además del previsto para Galicia, que lo hizo posteriormente. En las elecciones a sus parlamentos autónomos, las candidaturas de UCD sufrieron una significativa derrota, en beneficio de los partidos nacionalistas periféricos (Convergència i Unió en las de Cataluña y PNV en las de Euskadi). El referéndum andaluz (28 de febrero de 1980), independientemente de su confuso resultado, implicó una derrota del gobierno y la evidencia de que no se podría impedir la generalización de las máximas competencias a las comunidades que así lo determinaran, dispusieran o no de algún tipo de hecho diferencial de naturaleza histórica o de cualquier otra (lo que el ministro Manuel Clavero Arévalo, dimitido por esta cuestión, denominó café para todos). Otras leyes importantes, aprobadas en medio de la contestación social, fueron el Estatuto de los trabajadores y el Estatuto de centros docentes. Las negociaciones para la entrada en la Comunidad Económica Europea se prolongaban ante las reticencias de algunos países (especialmente Francia), lo que, sumado al incremento del paro y de la inflación, en medio de la segunda crisis del petróleo, contribuyó a dibujar un sombrío panorama, en el que destacaba la violencia de los continuos atentados de ETA, que se concentraban contra miembros del ejército, la guardia civil y la policía. La situación política era cada vez más insostenible. El PSOE presentó una moción de censura, que fue rechazada, pero evidenció la soledad del gobierno. Dentro del propio partido que lo apoyaba, la UCD, las diferentes familias (democristianos, liberales, socialdemócratas) comenzaron a exhibir sin disimulo diferencias de criterio cada vez mayores entre ellos y con el presidente. También el propio rey dejó que se divulgara su malestar por la situación política y su pérdida de confianza en Suárez, y de esa forma se interpretó su mensaje de Navidad de 1980, a pesar de que tal función no corresponde al rey en la Constitución. Para comienzos de 1981, Suárez entendió que no tenía otra salida que dimitir.